Interview: Estados Unidos: en el tráfico de armas, Obama “hace poco”

Estados Unidos: en el tráfico de armas, Obama “hace poco”
MARCELO RAIMON
1 DE JULIO DE 2011 · SIN COMENTARIOS
PRISMA INTERNACIONAL
http://www.proceso.com.mx/?p=274617

Barack Obama, presidente de E.U.
Foto: AP
WASHINGTON (apro).- Mientras crece en Estados Unidos la presión parlamentaria para investigar el caso “Rápido y furioso”, la operación de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) que terminó en un desastre, un nuevo informe difundido en Washington afirma que el gobierno del presidente Barack Obama “hace poco para enfrentar el problema” del contrabando de armamentos.
“El reciente debate creado” alrededor del escándalo “Rápido y Furioso” logró “echar todavía más dudas sobre la capacidad de Estados Unidos de enfrentar el flujo de armas hacia México”, indica el reporte, difundido esta semana por el Council on Hemispheric Affairs (Coha), un think tank con sede en la capital de EU.
Según el reporte, “al tiempo que miles de armas estadunidenses entran a México cada año, el gobierno mexicano está cada vez más frustrado con Estados Unidos”. Y acusa a la administración Obama de “no controlar de manera efectiva el tráfico de armas”.
Señala que alrededor de 80% de las armas decomisadas en México el año pasado tenía su origen en Estados Unidos, y que este enorme negocio preocupa no solamente por sus consecuencias en México, sino también por su impacto en la lucha de las organizaciones que buscan imponer mayores controles a nivel doméstico.
Estas organizaciones, que enfrentan poderosos enemigos, como la National Rifle Association (NRA), “están muy decepcionadas” porque “esperaban que el gobierno de Obama trajera mejoras” en este terreno.
“Aunque el presidente Obama inicialmente prometió tomar una posición más dura contra el tráfico de armas –indica el informe, su gobierno hizo poco para enfrentar el problema”.
De todas maneras, el Coha reconoce que la Casa Blanca enfrenta “potentes intereses”, representados por ejemplo por la NRA, que bloquea con éxito cualquier intento de modificar las leyes estadunidenses contra el tráfico de armas.

Los “straw purchases”

En ese mismo sentido se expresó esta semana el diputado Elijah Cummings, de Maryland, el máximo representante demócrata en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, quien realizó una serie de controvertidas audiencias sobre el caso “Rápido y Furioso”.
Un extenso informe preparado por el equipo de Cummings también vincula fuertemente la cuestión del tráfico de armas hacia México con las blandas leyes que controlan la venta en Estados Unidos.
Los colaboradores de Cummings apuntan en particular hacia los castigos “completamente inadecuados” para aquellos que llevan adelante las llamadas straw purchases o compras de armamentos por parte de personas con licencia, para ser entregadas de manera conciente y arreglada de antemano a terceros que no cuentan con esos permisos, en general traficantes.
“Muchos agentes de las fuerzas de seguridad que se presentaron ante el comité –indica el informe de la oficina del diputado por Maryland– advirtieron que las actuales penas” para aquellos encontrados culpables de straw purchases son “completamente inadecuadas tanto para refrenar compras ilegales antes de que ocurran como para alentar a los sospechosos a colaborar con las fuerzas de seguridad después de los hechos”.
Los straw purchases están precisamente en el centro del caso “Rápido y Furioso”, el cinematográfico nombre de una operación del ATF que permitió el ingreso a México de unas 2 mil armas de fuego, cuyo recorrido supuestamente debió ser controlado por los agentes hasta llegar a las manos de presuntos narcotraficantes, y permitir así arrestarlos.
Pero la dificultad para rastrear las armas –a causa de las facilidades para adquirirlas en Estados Unidos a través de compradores fantasmas– provocó que los funcionarios federales perdieran la pista de los armamentos y terminarán siendo utilizadas para matar un número indeterminado de personas, entre ellos al agente Brian Terry.
El informe preparado para Cummings afirma que “sin mejoras” en la legislación local “el flujo de armas estadunidenses seguirá alimentando la violencia en México y en Estados Unidos”.
También indica que los narcotraficantes mexicanos ya convirtieron al país vecino en una especie de centro comercial para sus compras de armas “favoritas”. Las facilidades al otro lado de la frontera permitieron que los carteles pasaran, por ejemplo, de las armas de fuego de mano a los “rifles semi-automáticos y otras armas de graduación militar”.
Las armas estadunidenses, indica el reporte de la oficina de Cummings, “están alimentando un torrente de violencia en México”.
Por su parte, el reporte del Coha califica al caso “Rápido y Furioso” como “una debacle” que “echa todavía más dudas sobre la capacidad” de las fuerzas de seguridad estadunidenses “para contener el flujo de armas hacia México”.
“El gobierno de Obama –recuerda– ya fue ampliamente criticado por sus tibios intentos de prevenir que armas de fuego entren a México, y la fallida operación ‘Rápido y Furioso’ simplemente subrayó lo que ya se sabía” sobre el supuesto “compromiso” de Washington contra el tráfico.

“Medidas apropiadas”

Consultado por Apro, el especialista Alejandro Sánchez, uno de los principales investigadores del Coha en este terreno, dijo que “los grupos criminales mexicanos ciertamente están capitalizando el increíble fervor de los estados sureños estadunidenses por la Segunda Enmienda de la Constitución, que les permite portar armas de fuego”.
A eso “se combina que la frontera de los dos países aún no está bien monitoreada en ninguno de los dos lados”, añade Sánchez, para quien la magnitud de este negocio es “enorme”.
“Preguntarse cuánto dinero hay involucrado es como preguntarse cuánta cocaína es producida en Colombia, Perú o Bolivia: hay estimaciones, pero no creo que sean siquiera cercanas a la verdad”, señala.
Sánchez se declara convencido de que el tráfico desde Estados Unidos a México está claramente insertado en el negocio internacional de las armas. “Una forma de ver esta cuestión es analizar de dónde provienen las armas que utilizan los grupos criminales mexicanos”, propone el analista.
“Varias pistolas y fusiles se fabricaron en Estados Unidos, pero obviamente hay más, como las famosas AK-47 que vienen de Europa del Este, no solamente de Rusia, que las fabrica, sino también desde otros países como Ucrania o Bielorusia, que fueron parte de la Unión Soviética y tienen todavía depósitos de armamentos que no son debidamente controlados por las fuerzas de seguridad.
“Pero un problema más grave todavía es el de los oficiales corruptos dentro de las fuerzas armadas y la policía o los desertores que venden armamento a grupos criminales”, advierte el analista.
“Que quede claro que esto no solamente pasa en México –dice Sánchez–, sino también en varios países de la región, como Perú, donde se descubrió que armamento del ejército, incluyendo balas y fusiles, fueron robados de depósitos y terminaron en el mercado negro en Lima”.
En la capital peruana, asegura, “se puede comprar un revólver de la policía por alrededor de 300 nuevos soles, unos 110 dólares estadunidenses, más o menos”.
El escándalo “Rápido y Furioso” incluso se entrometió en la conferencia de prensa que Obama brindó el miércoles 29 en la Casa Blanca, adonde aseguró que el ministro de Justicia, Eric Holder, “ciertamente jamás hubiera ordenado” el paso de armas de Estados Unidos a México.
“Hay una investigación en marcha y no voy a comentar” hasta que esté completada, indicó el presidente, pero “apenas esté terminada –prometió–, creo que se tomarán medidas apropiadas”.
Para Obama, la cuestión del tráfico de armas hacia México se está convirtiendo cada vez más en un fuerte dolor de cabeza doméstico. “A la luz de la facilidad con la que armas pueden ser compradas y vendidas en Estados Unidos –denuncia Coha–, es increíblemente difícil, tanto para el gobierno de Washington como para el de México, prevenir que esos armamentos terminen en las manos de contrabandistas”.
El reporte indica que el gobierno estadunidense “enfrenta una tremenda dificultad para balancear los derechos garantizados por la Segunda Enmienda con los reclamos de seguridad nacional e internacional”. Pero, “para cumplir con su parte en la lucha contra la devastadora violencia que se está desatando en México, el gobierno de Estados Unidos debe hacer más para monitorear la venta y posesión de armas dentro de sus fronteras”, completa.
De todas maneras, las posibilidades de que las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y de México puedan contar con leyes más duras que castiguen a los compradores fantasma y a los contrabandistas estadunidenses son muy bajas, especialmente si se tiene en cuenta que los cárteles de narcotraficantes cuentan con un poderoso aliado, la NRA, que ya desde el año pasado viene bloqueando los esfuerzos de la ATF en el Congreso de Washington.
La NRA cuenta con unos 250 millones de dólares anuales en sus arcas y es considerada una de las organizaciones de cabildeo más duras y efectivas del país.
Cualquier intento de poner un freno estadunidense al flujo de armas hacia México, parece condenado al fracaso de antemano.
Según el Center for Responsive Politics, un grupo que sigue de cerca el dinero de los cabilderos e intereses especiales en el Congreso de Estados Unidos, la NRA gasta hasta 3 millones de dólares en aportes de campaña cada año.